
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha presentado una demanda de controversia constitucional contra un Decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El INE considera que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto merman su autonomía y capacidad para cumplir sus funciones, desequilibran el modelo de comunicación social y perjudican la equidad en la contienda.
La autoridad electoral argumenta que el Decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en la Constitución, lo cual impide al INE cumplir su función de garantizar la imparcialidad y equidad en la contienda.
En detalle, las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas permiten que las autoridades puedan intervenir en la contienda y utilizar recursos públicos de manera imparcial, lo que va en contra de la Constitución, que establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional y no debe incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.
Además, la reforma aprobada desconoce las prohibiciones establecidas en la Constitución y permite que las personas servidoras públicas utilicen los recursos públicos para su propio beneficaro, lo que va en contra del derecho de la ciudadanía a recibir información por parte del gobierno que sea cierta y objetiva.
El proceso de aprobación del Decreto también fue cuestionado por el INE. Se reclaman violaciones al proceso legislativo, ya que el Decreto fue aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades requeridas, lo que resultó en una falta de debida discusión y transgredió el principio de democracia deliberativa. Además, el grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, lo que resultó en un evidente fraude a la ley.
En conclusión, la demanda de controversia constitucional presentada por el INE busca proteger la autonomía del instituto y su capacidad para cumplir sus funciones, garantizar el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en la Constitución, y proteger la equidad en la contienda. También busca cuestionar el proceso de aprobación del Decreto y las violaciones al proceso legislativo y al principio.